PROCESO QUIEBRA JUDICIAL

DEUDAS TRIBUTARIAS? LIQUIDACION Y QUIEBRA

LIQUIDACIÓN Y QUIEBRA DE EMPRESAS

PROCESO DE DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN POR DEUDA – QUIEBRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:

– NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

– DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION DE EMPRESA

– SOLICITUD JUDICIAL DE QUIEBRA DE LA EMPRESA

– DECLARACIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO Y

  LA INCOBRABILIDAD DE LA DEUDA INSCRITA EN REGISTRO PUBLICOS

– EXTINCION DE EMPRESA

– CERTIFICADO DE INCOBRABILIDAD JUDICIAL DE LA DEUDA

ESTUDIO ALEGRÍA ABOGADOS cuenta con la experiencia necesaria para realizar Liquidaciones de conformidad a la L.G.S. con los resultados mas justos y necesarios para su empresa.

Asimismo se puede declarar la Quiebra o la Disolución y Liquidación del Patrimonio de una Persona Natural.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Artículo 99.- Procedimiento judicial de quiebra

99.1 Cuando en los procedimientos de disolución y liquidación se verifique el supuesto previsto en el Artículo 88.7 el Liquidador deberá solicitar la declaración judicial de quiebra del deudor ante el Juez Especializado en lo Civil.

99.2 Presentada la demanda el Juez, dentro de los treinta (30) días siguientes de presentada la solicitud, y previa verificación de la extinción del patrimonio a partir del balance final de liquidación que deberá adjuntarse en copia, sin más trámite, declarará la quiebra del deudor y la incobrabilidad de sus deudas.

99.3 El auto que declara la quiebra del deudor, la extinción del patrimonio del deudor y la incobrabilidad de las deudas, deberá ser publicado en el Diario Oficial El Peruano por dos (2) días consecutivos.

99.4 Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la quiebra, concluirá el procedimiento y el Juez ordenará su archivo, así como la inscripción de la extinción del patrimonio del deudor, en su caso, y emitirá los certificados de incobrabilidad para todos los acreedores impagos. Asimismo, la declaración de la extinción del patrimonio del deudor contenida en dicho auto, deberá ser registrada por el Liquidador en el Registro Público correspondiente.

99.5 Los certificados de incobrabilidad también podrán ser entregados por la Comisión en aquellos casos en los que un acreedor manifieste su voluntad de obtenerlos una vez que se acuerde o disponga la disolución y liquidación del deudor. Dichos certificados generarán los mismos efectos que aquéllos expedidos por la autoridad judicial en los procedimientos de quiebra. En tal caso, la Comisión emitirá una resolución que excluya a dicho acreedor del procedimiento concursal.

99.6 La declaración de la incobrabilidad de un crédito frente a una sucursal que es declarada en quiebra, no impide que el acreedor impago procure por las vías legales pertinentes el cobro de su crédito frente a la principal constituida en el exterior.

Artículo 100.- Efectos de la quiebra

100.1 El quebrado, mientras dure ese estado, está impedido de:

a) Constituir sociedades o personas jurídicas, en general, o de formar parte de las ya constituidas;

b) Ejercer cargos de director, gerente, apoderado o representante de sociedades o personas jurídicas, en general;

c) Ser tutor o curador, o representante legal de personas naturales;

d) Ser administrador o liquidador de deudores en los procedimientos regulados en la Ley.

100.2 El quebrado no deviene en incapaz por razón de la quiebra, por lo que puede ejercer sus derechos civiles sin más limitaciones que las señaladas en el párrafo anterior.

100.3 Derogado

100.4 Corresponde al liquidador o a cualquier interesado inscribir la quiebra en el Registro pertinente.

Artículo 101.- Rehabilitación del quebrado

101.1 Transcurrido el plazo de cinco (5) años contado desde la fecha de expedición de la resolución judicial que declara la quiebra, cesará el estado de quiebra, aun cuando los créditos no se hubieran alcanzado a pagar con los bienes del quebrado, siempre que se acredite que el deudor no ha sido condenado por los delitos previstos en los Artículos 209, 211, 212 y/o 213 del Código Penal, así como que no tiene procedimiento penal abierto por dichos delitos.

101.2 Producido el cese del estado de quiebra, cualquier interesado podrá solicitar la cancelación de las inscripciones que se hubiesen realizado en el Registro Personal y en los registros correspondientes, para lo cual bastará con la presentación del certificado expedido por la autoridad competente que acredite no haber sido condenado por los delitos previstos en los artículos mencionados en el párrafo anterior, así como que no tiene procedimiento penal abierto por los mismos.

101.3 Cuando el deudor haya sido condenado, el Juez Penal ordenará la inscripción en el Registro Personal de la resolución consentida o ejecutoriada que establece la responsabilidad penal por dichos delitos. En este caso, sólo podrá obtenerse la rehabilitación una vez cumplida la pena impuesta.

101.4 El plazo de rehabilitación para los representantes a que se refiere el Artículo 101.1 se computa desde la fecha en que quede firme o consentida la resolución que declara la quiebra de la persona jurídica que representan.

101.5 En estos casos, también procede la inscripción en los términos del Artículo 100.4.

Artículo 102.- Quiebra en la Ley General de Sociedades

Cuando se produzca el supuesto previsto en el Artículo 417 de la Ley General de Sociedades, el Juez competente tramitará la declaración de quiebra del deudor de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Título, sin que para tal efecto sea necesario que dicho deudor se someta al Procedimiento Concursal Ordinario previsto en la Ley.

SUMILLA :

De conformidad a lo establecido por el artículo 14° de la Ley del RESIT y el artículo 15° de su Reglamento, corresponde en el caso en consulta para efectos de la quiebra, seguir aplicando las disposiciones de Ley de Reestructuración Empresarial, las mismas que se desprenden del auto judicial que declara la quiebra, el cual debe encontrarse consentido o ejecutoriado para la extinción de créditos de origen tributario.

INFORME N° 05-2008-SUNAT/2B0000

MATERIA:

Extinción de créditos de origen tributario por declaración judicial de quiebra del insolvente comprendido dentro de un procedimiento concursal, en aplicación del artículo 14° de la Ley N° 27681- Ley de reactivación a través del sinceramiento de las deudas tributarias (en adelante Ley del RESIT). 

Se consulta específicamente si en el caso de empresas declaradas judicialmente en quiebra dentro de un proceso iniciado bajo el alcance de la Ley N° 26116 – Ley de Reestructuración Empresarial, para extinguir sus deudas pendientes, en virtud del citado artículo 14° de la Ley del RESIT, se requiere resolución de quiebra consentida y/o emisión de Certificados de Incobrabilidad.

BASE LEGAL:

Ley N° 27681, Ley del RESIT, publicada el 08.03.2002.

Decreto Supremo N° 064-2002-EF, Reglamento de la Ley del RESIT, publicado el 10.04.2002 (en adelante Reglamento de la Ley del RESIT) .

Decreto Ley N° 26116, Ley de Reestructuración Empresarial, publicada el 30.12.1992 (en adelante Ley de Reestructuración Empresarial).

Decreto Legislativo N° 845, Ley de Reestructuración Patrimonial, publicada el 21.09.1996 (en adelante Decreto Legislativo N° 845).

Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal, publicada el 08.08.2002 (en adelante Ley General del Sistema Concursal).

Decreto Supremo N° 017-1993-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y modificatorias, publicado el 02.06.1993 (en adelante Ley Orgánica del Poder Judicial).

ANÁLISIS:

La consulta se encuentra referida a empresas que, al amparo de la Ley de Reestructuración Empresarial, han sido declaradas insolventes por incumplir con el pago de sus deudas (créditos) a sus acreedores, motivo por el cual se ha solicitado su declaración judicial de quiebra, encontrándose actualmente expedido el auto judicial que declara la quiebra de las empresas.

La Ley del RESIT en su artículo 14° dispone lo siguiente:

“ La Administración Tributaria dará por extinguidos los créditos de origen tributario en mérito a la resolución que declara judicialmente la quiebra del insolvente dentro de los procesos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración Patrimonial aprobado por el Decreto Supremo N° 014-99-ITINCI y modificatorias, así como en la Ley N° 26116, Ley de Reestructuración Empresarial ”.

En el artículo 15° inciso a) del Reglamento de la Ley del RESIT, se dispuso que para efecto de la extinción de los créditos tributarios: “La resolución judicial que declara la quiebra del insolvente debe encontrarse consentida o ejecutoriada.”

Al respecto, corresponde determinar en principio el marco normativo aplicable actualmente a un procedimiento de quiebra en trámite.

De acuerdo a la consulta formulada, la quiebra habría sido solicitada como resultado de un proceso comprendido dentro de la Ley de Reestructuración Empresarial, siendo por tanto dicha norma la vigente a la fecha de inicio del procedimiento de quiebra; disponiéndose respecto de la quiebra de empresas, fundamentalmente lo siguiente:

“Artículo 18o.- En el caso que la Junta de Acreedores decidiera la quiebra y la disolución de la empresa, el Presidente de la Junta solicitará ante el Juez Especializado en lo Civil de turno la declaratoria de quiebra correspondiente…”

“Artículo 19o.- El Juez deberá expedir el auto que resuelve sobre la solicitud de declaratoria de quiebra dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación.”

“…, el auto correspondiente deberá ratificar la designación efectuada por la Junta de Acreedores, del Banco facultado por el inciso b) del artículo 110o. del Decreto Legislativo No. 637 –Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, para desempeñar las funciones de administración, realización y liquidación de los bienes de la fallida,…”

“Artículo 20o.- Son efectos inmediatos del auto que declara la quiebra de la empresa los siguientes:

1. Produce un estado indivisible entre la fallida y sus acreedores, que comprende todos los bienes y obligaciones de ésta…”

“2. Los directores, gerentes y otros administradores de la fallida quedan privados del derecho de administrar los bienes de ésta, salvo los que sean inembargables conforme a ley. El desapoderamiento no transfiere la propiedad de los bienes de la fallida a sus acreedores, sino sólo la facultad de hacerse pago de sus créditos con el producto de su realización.” 

“4. El Banco ratificado administrará los bienes objeto de desapoderamiento a que se refiere el numeral 2 del presente artículo y también los bienes respecto de los cuales la fallida tenga derecho de usufructo, cuidando en ambos casos, que los frutos liquidados ingresen a la masa de la quiebra.” 

Por otro lado, en la actualidad el procedimiento judicial de quiebra derivado de un procedimiento concursal, se encuentra regulado por la Ley General del Sistema Concursal, que sobre el particular dispone fundamentalmente lo siguiente: 

“Artículo 99º.- Procedimiento judicial de quiebra

99.1 Cuando en los procedimientos de disolución y liquidación se verifique el supuesto previsto en el Artículo 88.7 el Liquidador deberá solicitar la declaración judicial de quiebra del deudor ante el Juez Especializado en lo Civil.

99.2 Presentada la demanda el Juez, dentro de los treinta (30) días siguientes de presentada la solicitud, y previa verificación de la extinción del patrimonio a partir del balance final de liquidación que deberá adjuntarse en copia, sin más trámite, declarará la quiebra del deudor y la incobrabilidad de sus deudas.

99.3 El auto que declara la quiebra del deudor, la extinción del patrimonio del deudor y la incobrabilidad de las deudas, deberá ser publicado en el Diario Oficial El Peruano por dos (2) días consecutivos.

99.4 Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la quiebra, concluirá el procedimiento y el Juez ordenará su archivo, así como la inscripción de la extinción del patrimonio del deudor, en su caso, y emitirá los certificados de incobrabilidad para todos los acreedores impagos. Asimismo, la declaración de la extinción del patrimonio del deudor contenida en dicho auto, deberá ser registrada por el Liquidador en el Registro Público correspondiente.

99.5 Los certificados de incobrabilidad también podrán ser entregados por la Comisión en aquellos casos en los que un acreedor manifieste su voluntad de obtenerlos una vez que se acuerde o disponga la disolución y liquidación del deudor. Dichos certificados generarán los mismos efectos que aquéllos expedidos por la autoridad judicial en los procedimientos de quiebra. En tal caso, la Comisión emitirá una resolución que excluya a dicho acreedor del procedimiento concursal.”

En consecuencia, existiendo diferencias sustantivas en cuanto al procedimiento de quiebra, entre la Ley de Reestructuración Empresarial y la Ley General del Sistema Concursal, debemos determinar si los procedimientos en trámite deben regirse hasta su culminación por las normas vigentes en la fecha que se iniciaron o si deben adecuarse a las disposiciones actualmente vigentes. Para tal efecto, debe observarse que la Ley de Reestructuración Empresarial, su Reglamento, y sus normas modificatorias, fueron derogadas expresamente por el Decreto Legislativo N° 845, sin embargo, en su Séptima Disposición Complementaria dispuso lo siguiente:

“Séptima- PROCESOS DE QUIEBRA EN TRAMITE.- Los procesos de quiebra que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo se encontraran en trámite, se regirán hasta  su culminación por las normas legales que estuvieron vigentes en la fecha en que se iniciaron.”

En la actualidad la Ley General del Sistema Concursal, mediante su Disposición Derogatoria Única, ha derogado expresamente el Decreto Legislativo N° 845, manteniendo vigente la Disposición Complementaria Séptima antes citada, entre otras, pero exclusivamente en todo lo que no se oponga a la Ley vigente, notándose con dicho agregado, que la norma vigente varía el criterio adoptado en las leyes anteriores, privilegiando el principio constitucional de aplicación inmediata de la norma. Lo dicho se aprecia incluso, literalmente, en su Primera Disposición Transitoria, referida a la aplicación de la Ley, que prescribe que “ Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a los procedimientos en trámite bajo la Ley de Reestructuración Patrimonial, en la etapa en que se encuentren.” 

En ese sentido, a un procedimiento de quiebra “en trámite”, iniciado durante la vigencia de la Ley de Reestructuración Empresarial -entendiéndose como tal a aquél procedimiento en que aún no ha sido declarada la quiebra- si se le aplicara actualmente las disposiciones de la referida Ley de Reestructuración Empresarial estaría oponiéndose directamente a las disposiciones de la Ley General del Sistema Concursal, en cuanto al procedimiento para la verificación de la extinción del patrimonio y a la declaración y acreditación de la quiebra. Por tanto, debe entenderse que dicha Disposición Complementaria Séptima no es aplicable para estos casos, debiendo cumplirse únicamente con las regulaciones sobre el procedimiento de quiebra establecidas en la Ley General del Sistema Concursal. Es decir que, en estos casos, la resolución judicial debería declarar la quiebra del deudor y la incobrabilidad de sus deudas, verificando previamente la extinción del patrimonio, para concluir el procedimiento una vez consentida o ejecutoriada la resolución, dando lugar a la emisión de los certificados de incobrabilidad. 

Debemos destacar, sin embargo, que en el caso objeto de la presente consulta, el auto judicial se encuentra emitido declarando la quiebra de la empresa, conforme a las disposiciones de la Ley de Reestructuración Empresarial, por ser la norma vigente al momento de la emisión de la citado mandato judicial, no siendo por tanto para esos efectos un procedimiento en trámite, dando mérito suficiente para la extinción de los adeudos de la fallida, en virtud del artículo 14° de la Ley del RESIT, en el momento que la resolución judicial se encuentre consentida o ejecutoriada. Cabe señalar, que en este caso si bien no se ha realizado la verificación previa de la extinción del patrimonio del deudor, legalmente no es procedente adecuar el auto emitido de declaración de quiebra a la norma vigente (Ley General del Sistema Concursal) pues implicaría la aplicación retroactiva de esta Ley sobre un hecho consumado, correspondiendo por tanto seguir aplicando las disposiciones de la Ley de Reestructuración Empresarial que se derivan del mandato judicial emitido, el cual resulta de cumplimiento obligatorio para las partes en todo aquello que contenga, sin que corresponda interpretarla ni variar su aplicación[i]. 

Por otro lado, debe significarse que el artículo 14° la Ley del RESIT al establecer el mandato sobre la Administración Tributaria de dar por extinguidos los créditos de origen tributario, no supedita dicha extinción a la verificación previa de la extinción del patrimonio del deudor, sino que, por el contrario, dispone expresamente que dicha extinción procede estrictamente “…en mérito a la resolución que declara judicialmente la quiebra del insolvente…”. En consecuencia, no se distingue ni prescribe que para la declaración de quiebra se verifique previamente la extinción del patrimonio de la fallida o que su liquidación y realización se efectúe con posterioridad, tomándose como parámetro legal y formal únicamente el acto de la declaración de la situación de quiebra. No correspondería, por tanto, en este caso, distinguir donde la ley no lo hace, es decir, interpretar que la declaración de quiebra se realiza en la resolución judicial que declara extinguido, concluido o sobreseído el proceso de quiebra, pues claramente se trata de resoluciones judiciales con origen, finalidad y contenidos diferentes, precisando expresamente el artículo 15° del Reglamento de la Ley del RESIT que la resolución que debe encontrarse consentida y ejecutoriada es la que declara la quiebra y no la que concluye el proceso. 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a lo expuesto en el presente informe, y a lo establecido por el artículo 14° de la Ley del RESIT y el artículo 15° de su Reglamento, corresponde en el caso en consulta para efectos de la quiebra, seguir aplicando las disposiciones de Ley de Reestructuración Empresarial, las mismas que se desprenden del auto judicial que declara la quiebra, el cual debe encontrarse consentido o ejecutoriado para la extinción de créditos de origen tributario. 

PASOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE UNA EMPRESA

PRIMER PASO: VENDER ACCIONES Y CAMBIAR A LOS GERENTES

Este punto es necesario e importante para que no existan sanciones por parte de Registros Públicos en contra de los accionistas y gerentes, en el momento de liquidar la empresa, es necesario un libro de matrícula de acciones y un libro de actas, se incluyen los gastos y los nuevos accionistas y gerente, tiempo aproximado de trabajo 15 dias.

SEGUNDO PASO: CAMBIAR DE NOMBRE A LA EMPRESA

Este punto es necesario si la empresa quiere cuidar su imagen si es muy conocida, es accesoria a lo principal, ya que hay que hacer el cambio mediante una minuta. tiempo aproximado de trabajo 20 dias.

TERCER PASO: CAMBIAR DE DOMICILIO DE EMPRESA

Este punto es importante para que no se hagan embargos y posibles notificaciones o juicios en contra de la empresa, tiempo aproximado de trabajo 1 día si no hay restricciones.

CUARTO PASO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION

Este punto es vital en la Disolución y Liquidación, ya que será solicitada por los nuevos socios para que se nombre al Liquidador, quien será encargado de la Liquidación y comunicación de Quiebra, tiempo aproximado de trabajo 15 dias.

QUINTO PASO: DECLARACIÓN JUDICIAL DE QUIEBRA Y EXTINCION

Este punto es necesario cuando hay deudas con SUNAT u otras entidades públicas, porque de esta forma la deuda queda extinguida e incobrable, por el cual el Juez otorga un Certificado de Incobrabilidad, tiempo aproximado de trabajo 5 meses.

CAMPAÑA DE SUNAT DE INICIO DE EVALUACION DE ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA.

Me dirijo a usted, en su calidad de representante legal de la empresa DEUDORA según consta con la ficha RUC de la SUNAT, para informarle que su representada mantiene una deuda tributaria exigible en cobranza coactiva pendiente según la Pagina Web de Sunat.

Ante esta situación, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 46º del Código Tributario, la SUNAT podría iniciar la evaluación de la atribución de la responsabilidad solidaria como representante legal de la empresa DEUDORA De atribuirse a usted esta responsabilidad solidaria, la SUNAT procederá con hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria con los bienes de su propiedad y registrados a su nombre.

En tal sentido, a fin de evitar las acciones anteriormente descritas sobre RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE REPRESENTANTE LEGAL, por intermedio de la presente nos presentamos en calidad de abogados constituidos como ESTUDIO ALEGRIA ABOGADOS para brindarles los servicios de asesoría y consultoría legal, para realizar la DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE  LA EMPRESA con la  Declaración Judicial de Quiebra como empresa, hasta obtener EL CERTIFICADO DE INCOBRABILIDAD JUDICIAL donde se indica la Extinción del Patrimonio y la incobrabilidad de las deudas, antes que Sunat detecte responsabilidad a su persona como representante legal de la empresa.

Es por tal motivo que debemos hacer un ANALISIS REAL DE LA DEUDA TOTAL EN SUNAT, para de esta manera brindarle la mejor salida legal posible con la PROPUESTA DE TRABAJO CON ABOGADOS EX SUNAT CON EXPERIENCIA.

TRIBUTACION CONTABLE ASESORÍA EN SUNAT Y ADUANAS

LOS SERVICIOS EN MATERIA TRIBUTARIA ANTE SUNAT, ADUANAS, SAT, MINISTERIOS Y MUNICIPALIDADES QUE PONEMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN SON LOS SIGUIENTES:

1.- Verificación de la exigibilidad de los valores en Cobranza Coactiva, a fin de analizar y determinar el procedimiento a seguir en cada caso.

2.- Realizar acciones preventivas de cobranza, con el fin de evitar medidas de embargos en sus distintas modalidades (depósitos, retención a tercero, bancaria e inscripción de vehículos, acciones telefónicas, inmuebles, etc.).

3.- Elaboración de escritos y recursos a las diversas áreas de la SUNAT  Y ADUANAS; Reclamos, Fiscalización, Control de la Deuda y Cobranza Coactiva.

4.- Verificación de medidas de embargos trabadas a la fecha y el trámite en la Sección Cobranza Coactiva para el Levantamiento de las mismas y la posible variación de las mismas.

5.- Elaboración y prosecución del Recurso de Reclamo y Apelación presentados ante la Administración Tributaria y Tribunal Fiscal.

6.- Asesoría en las Fiscalizaciones y Fraccionamientos Tributarios.

7.- Elaboración de Recursos de Queja presentados ante el Tribunal Fiscal.

8.- Elaboración y prosecución de Intervención Excluyente de Propiedad presentados ante la Sección Cobranza Coactiva.

9.- Devolución de pagos indebidos y en exceso.

10.- Presentación de Acción de Amparo o Proceso Contencioso Administrativo con la Medida Cautelar correspondiente.

4.- Asesoría y solicitud de Prescripción de la deuda, según las fechas de notificación y del estado de adeudos en sunat, y las posibles publicaciones en El Peruano, pago de costas y levantamiento de embargos.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.